I
“La política es el arte de lo posible”, así la definió Gottfried Leibniz bien entrado el siglo XVII, condensando en pocas palabras las intenciones de quienes desde épocas remotas se adjudicaban para sí la conducción de los hombres y de las naciones hacia la tierra prometida. La política es sin dudas un juego de guerra, en donde la estrategia asegura el éxito, donde la adecuada planificación y la apropiada puesta en práctica de cada una de las jugadas garantizan el dominio del adversario, la conquista de posiciones, la victoria sobre el enemigo. Y aunque a principios del siglo XX, Charles Maurras sentenciara mejorando a Leibniz que “La política es el arte de hacer posible lo necesario”, sigue privando mucho de interés, de mezquindad, en el pensamiento de una gran parte de los individuos que se dedican a la política a secas y también a la política universitaria.
II
Desde que en el mes de marzo de 2009 y con el objeto de eliminar –disminuir, o al menos tratar de controlar- el gasto suntuario en el sector público nacional, entró en vigencia el Decreto Presidencial 6649, las autoridades universitarias se dieron a la tarea de restringir la ejecución del presupuesto otorgado por el Gobierno Venezolano.
Así pues, la entrega de los recursos necesarios para el desarrollo normal de la actividad universitaria fue obstaculizada por el propio engranaje corporativo.
So pretexto de cumplir con la normativa gubernamental, los conductores del destino de las universidades han limitado sistemáticamente y por todas la vías, el funcionamiento de algunas por no decir casi todas, las dependencias universitarias. Cuánta razón tuvo Groucho Marx cuando lapidariamente dijo que: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
III
Yo no creo en ingenuidades a esos niveles y pienso que a mansalva, con el ánimo de indisponer aún más en contra del Gobierno a los integrantes del Sector Universitario –reaccionarios en su mayoría, elitescos por naturaleza, genéticamente excluyentes y molestos ya por el estancamiento de sus sueldos y por el congelamiento de los presupuestos universitarios-, el cártel de los Rectores -o casi la totalidad de sus integrantes-, restringieron la adquisición de insumos, limitaron la reposición de materiales y equipos, abreviaron el otorgamiento de financiamiento para la realización de investigaciones, cursos de actualización etc., culpando de ello al Gobierno central con el fin oculto de soliviantar al profesorado para que estos desde sus tribunas transmitieran desesperanza a sus estudiantes.
IV
Aunque tradicionalmente opuestos a cualquier medida que proviniera del Gobierno Revolucionario, en esta oportunidad las Autoridades Universitarias disciplinadamente cumplieron con el encargo aunque este no fuera para ellos, sin discriminar a quiénes se afectarían con esta manera tajante de acatar las órdenes presidenciales.
De esta manera se nos vendió la idea de que luego de emitido el decreto 6649, la institución universitaria debía ajustarse a los designios del Ejecutivo Nacional, quien por esa vía ejercería un control draconiano sobre las actividades de profesores e investigadores de las máximas casas de estudios del país impidiendo su formación, entrabando la investigación y obstaculizando la posible asistencia de estos a congresos o eventos internacionales.
Muchos fueron los que recordaron con amargura a las progenitoras primero de Ramón Carrizales y luego de Elías Jaua, pues según el Instructivo para el cumplimiento de las Normas de Austeridad, debían ser ellos quienes juzgaran la pertinencia o no de las solicitudes de los universitarios.
Yo mismo saqué alguna que otra madre al sol cuando vi truncada la posibilidad de viajar a algún congreso debido a esta restricción. El CDCHTA -o Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes-, debió ajustarse a la normativa legal, por lo que sólo se limitó a recibir las solicitudes de los investigadores para luego enviárselas al Rector y este a su vez las remitía a la Vicepresidencia de la República Bolivariana, en donde Jaua decidiría casi que venalmente si se aprobaban o no las compras o los financiamientos. Al menos eso fue lo que a lo largo de este tiempo nos vendieron como excusa para restringir la adquisición hasta de tizas, cartuchos de tinta o los cachitos y el café para el refrigerio de la mañana de los consejeros universitarios.
“El CDCHTA aprueba las solicitudes, en cada una de sus comisiones, éstas son remitidas al Rector de la Universidad de Los Andes, quien envía las aprobaciones al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y, éste a su vez, lo tramita en la Vicepresidencia de la República, órgano que en última instancia decide si los profesores de la Universidad de Los Andes pueden asistir a un congreso en el exterior o no”, dijo alguien a la prensa en cierta ocasión justificando el retraso o la negativa para el otorgamiento de buena pro a las solicitudes realizadas.
V
Se nos dijo que en el Decreto 6649, se establece que las misiones oficiales al exterior están prohibidas, y que con esa restricción la participación en una Jornada o Congreso estaba vetada, es decir de un momento a otro los universitarios, según el razonamiento de nuestras propias autoridades, pasábamos a ser miembros del cuerpo diplomático o algo así y no podríamos obtener el financiamiento para asistir a seminarios en el exterior.
Del mismo modo, las invitaciones a académicos de otros países para que participaran en actividades nacionales estarían restringidas.
VI
Nadie -léase bien-, nadie, ni los miembros del Equipo Rectoral, ni los integrantes del Consejo Universitario en donde al menos un abogado debe haber (el Decano de la Facultad de Derecho), ni los honorables leguleyos del Consejo Jurídico Asesor, supieron leer que el famoso decreto 6649, regulaba exclusivamente el gasto público y que como el artículo 14 de la Ley de Universidades vigente reza que “Los bienes y rentas de las Universidades Nacionales no estarán sometidos al régimen de los bienes nacionales que establece la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Sus ingresos y egresos no se considerarán como rentas o gastos públicos, ni estarán sometidos al régimen del Presupuesto Nacional…”, nos escapábamos entonces de la restricción. Y por allí se deja ir el espíritu de la ley declinando en manos de funcionarios designados por el Consejo Nacional de Universidades y de la Contraloría General de la República la aplicación de los correctivos necesarios para hacer desaparecer este desbarajuste que llamamos Administración Universitaria.
O sea, la eliminación del gasto superfluo en el sector público nacional no nos alcanzó jamás “de una manera inexorable”. La irritabilidad de los Universitarios fue en vano.
¡La lucha contra la vieja cultura del derroche -que ha impregnado a nuestros nuevos gobernantes-, no ha tocado a nuestra puerta. Podemos continuar con el gasto irresponsable! Ya no hay prohibición para la habitual compra decembrina de automóviles lujosos para que Rectores y Autoridades Universitarias recorran las calles de las principales ciudades del país dentro de unas relucientes naves detrás de gruesos vidrios ahumados. Podemos continuar con las modificaciones anuales del decorado y mobiliario de las oficinas de las Autoridades Universitarias porque eso no atenta contra la moral revolucionaria. El largo brazo de la ley no llega tan abajo.
Eso de que se acabarían de una vez por todas los megasueldos y los megabonos o megaviáticos no es con nosotros los universitarios.
La restricción que pesa sobre los celulares o teléfonos con línea abierta para llamadas a larga distancia nacional e internacional no nos afecta para nada. Y obviamente la prohibición sobre la adquisición de equipos y plataformas tecnológicas queda relegada al olvido selectivo.
El cáncer que merma las finanzas públicas, el de la constante autopromoción que con los dineros del presupuesto universitario o del Estado ejecutan algunas personalidades del quehacer público puede continuar su trabajo destructivo e infatigable.
Para celebrar la no restricción de los gastos dispendiosos de los Universitarios, me imagino que habrá un agasajo rimbombante cargado de vino, champagne, gloriosos canapés y de los más impresionantes arreglos florales.
VII
“Allí en donde hay necesidad hay un derecho” dijo en alguna oportunidad Evita Perón.
“La política es el arte de lo posible”, así la definió Gottfried Leibniz bien entrado el siglo XVII, condensando en pocas palabras las intenciones de quienes desde épocas remotas se adjudicaban para sí la conducción de los hombres y de las naciones hacia la tierra prometida. La política es sin dudas un juego de guerra, en donde la estrategia asegura el éxito, donde la adecuada planificación y la apropiada puesta en práctica de cada una de las jugadas garantizan el dominio del adversario, la conquista de posiciones, la victoria sobre el enemigo. Y aunque a principios del siglo XX, Charles Maurras sentenciara mejorando a Leibniz que “La política es el arte de hacer posible lo necesario”, sigue privando mucho de interés, de mezquindad, en el pensamiento de una gran parte de los individuos que se dedican a la política a secas y también a la política universitaria.
II
Desde que en el mes de marzo de 2009 y con el objeto de eliminar –disminuir, o al menos tratar de controlar- el gasto suntuario en el sector público nacional, entró en vigencia el Decreto Presidencial 6649, las autoridades universitarias se dieron a la tarea de restringir la ejecución del presupuesto otorgado por el Gobierno Venezolano.
Así pues, la entrega de los recursos necesarios para el desarrollo normal de la actividad universitaria fue obstaculizada por el propio engranaje corporativo.
So pretexto de cumplir con la normativa gubernamental, los conductores del destino de las universidades han limitado sistemáticamente y por todas la vías, el funcionamiento de algunas por no decir casi todas, las dependencias universitarias. Cuánta razón tuvo Groucho Marx cuando lapidariamente dijo que: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
III
Yo no creo en ingenuidades a esos niveles y pienso que a mansalva, con el ánimo de indisponer aún más en contra del Gobierno a los integrantes del Sector Universitario –reaccionarios en su mayoría, elitescos por naturaleza, genéticamente excluyentes y molestos ya por el estancamiento de sus sueldos y por el congelamiento de los presupuestos universitarios-, el cártel de los Rectores -o casi la totalidad de sus integrantes-, restringieron la adquisición de insumos, limitaron la reposición de materiales y equipos, abreviaron el otorgamiento de financiamiento para la realización de investigaciones, cursos de actualización etc., culpando de ello al Gobierno central con el fin oculto de soliviantar al profesorado para que estos desde sus tribunas transmitieran desesperanza a sus estudiantes.
IV
Aunque tradicionalmente opuestos a cualquier medida que proviniera del Gobierno Revolucionario, en esta oportunidad las Autoridades Universitarias disciplinadamente cumplieron con el encargo aunque este no fuera para ellos, sin discriminar a quiénes se afectarían con esta manera tajante de acatar las órdenes presidenciales.
De esta manera se nos vendió la idea de que luego de emitido el decreto 6649, la institución universitaria debía ajustarse a los designios del Ejecutivo Nacional, quien por esa vía ejercería un control draconiano sobre las actividades de profesores e investigadores de las máximas casas de estudios del país impidiendo su formación, entrabando la investigación y obstaculizando la posible asistencia de estos a congresos o eventos internacionales.
Muchos fueron los que recordaron con amargura a las progenitoras primero de Ramón Carrizales y luego de Elías Jaua, pues según el Instructivo para el cumplimiento de las Normas de Austeridad, debían ser ellos quienes juzgaran la pertinencia o no de las solicitudes de los universitarios.
Yo mismo saqué alguna que otra madre al sol cuando vi truncada la posibilidad de viajar a algún congreso debido a esta restricción. El CDCHTA -o Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes-, debió ajustarse a la normativa legal, por lo que sólo se limitó a recibir las solicitudes de los investigadores para luego enviárselas al Rector y este a su vez las remitía a la Vicepresidencia de la República Bolivariana, en donde Jaua decidiría casi que venalmente si se aprobaban o no las compras o los financiamientos. Al menos eso fue lo que a lo largo de este tiempo nos vendieron como excusa para restringir la adquisición hasta de tizas, cartuchos de tinta o los cachitos y el café para el refrigerio de la mañana de los consejeros universitarios.
“El CDCHTA aprueba las solicitudes, en cada una de sus comisiones, éstas son remitidas al Rector de la Universidad de Los Andes, quien envía las aprobaciones al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y, éste a su vez, lo tramita en la Vicepresidencia de la República, órgano que en última instancia decide si los profesores de la Universidad de Los Andes pueden asistir a un congreso en el exterior o no”, dijo alguien a la prensa en cierta ocasión justificando el retraso o la negativa para el otorgamiento de buena pro a las solicitudes realizadas.
V
Se nos dijo que en el Decreto 6649, se establece que las misiones oficiales al exterior están prohibidas, y que con esa restricción la participación en una Jornada o Congreso estaba vetada, es decir de un momento a otro los universitarios, según el razonamiento de nuestras propias autoridades, pasábamos a ser miembros del cuerpo diplomático o algo así y no podríamos obtener el financiamiento para asistir a seminarios en el exterior.
Del mismo modo, las invitaciones a académicos de otros países para que participaran en actividades nacionales estarían restringidas.
VI
Nadie -léase bien-, nadie, ni los miembros del Equipo Rectoral, ni los integrantes del Consejo Universitario en donde al menos un abogado debe haber (el Decano de la Facultad de Derecho), ni los honorables leguleyos del Consejo Jurídico Asesor, supieron leer que el famoso decreto 6649, regulaba exclusivamente el gasto público y que como el artículo 14 de la Ley de Universidades vigente reza que “Los bienes y rentas de las Universidades Nacionales no estarán sometidos al régimen de los bienes nacionales que establece la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Sus ingresos y egresos no se considerarán como rentas o gastos públicos, ni estarán sometidos al régimen del Presupuesto Nacional…”, nos escapábamos entonces de la restricción. Y por allí se deja ir el espíritu de la ley declinando en manos de funcionarios designados por el Consejo Nacional de Universidades y de la Contraloría General de la República la aplicación de los correctivos necesarios para hacer desaparecer este desbarajuste que llamamos Administración Universitaria.
O sea, la eliminación del gasto superfluo en el sector público nacional no nos alcanzó jamás “de una manera inexorable”. La irritabilidad de los Universitarios fue en vano.
¡La lucha contra la vieja cultura del derroche -que ha impregnado a nuestros nuevos gobernantes-, no ha tocado a nuestra puerta. Podemos continuar con el gasto irresponsable! Ya no hay prohibición para la habitual compra decembrina de automóviles lujosos para que Rectores y Autoridades Universitarias recorran las calles de las principales ciudades del país dentro de unas relucientes naves detrás de gruesos vidrios ahumados. Podemos continuar con las modificaciones anuales del decorado y mobiliario de las oficinas de las Autoridades Universitarias porque eso no atenta contra la moral revolucionaria. El largo brazo de la ley no llega tan abajo.
Eso de que se acabarían de una vez por todas los megasueldos y los megabonos o megaviáticos no es con nosotros los universitarios.
La restricción que pesa sobre los celulares o teléfonos con línea abierta para llamadas a larga distancia nacional e internacional no nos afecta para nada. Y obviamente la prohibición sobre la adquisición de equipos y plataformas tecnológicas queda relegada al olvido selectivo.
El cáncer que merma las finanzas públicas, el de la constante autopromoción que con los dineros del presupuesto universitario o del Estado ejecutan algunas personalidades del quehacer público puede continuar su trabajo destructivo e infatigable.
Para celebrar la no restricción de los gastos dispendiosos de los Universitarios, me imagino que habrá un agasajo rimbombante cargado de vino, champagne, gloriosos canapés y de los más impresionantes arreglos florales.
VII
“Allí en donde hay necesidad hay un derecho” dijo en alguna oportunidad Evita Perón.
